defensa-ciudadanoDentro de los programas generales de acción del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) ocupa un lugar privilegiado la promoción de la más sólida cultura cívica y jurídica en la población, como vía para enfrentar las arbitrariedades, injusticias e impunidad con que las autoridades cubanas desconocen, de forma permanente, los derechos y dignidades de los ciudadanos.

Con la imposición, durante medio siglo, de un sistema de poder y control absoluto y la ideologización de todas las estructuras y mecanismos destinados a garantizar el orden, la ley y la justicia, Cuba ha sufrido la más profunda carencia de referencias e instrumentos capaces de garantizar el adecuado equilibrio entre el orden social y la  protección de los derechos e integridad de los individuos.

Desde 1959 la policía, los tribunales y los comités de vigilancia de barrio se convirtieron en «revolucionarios» y con eso quedo sellada la parcialidad de esas estructuras y la indefensión de los ciudadanos ante los designios e intereses del poder.

Esa atrofia estructural, que nadie imagino antes del triunfo de la revolución, creó una enorme laguna cultural en la sociedad cubana, donde fueron creciendo generaciones sin conciencia de derechos y sin una percepción definida del lugar y el papel que ocupan los ciudadanos y el estado en el entramado y las dinámicas sociales.

Ni la constitución, ni las leyes, ni las estructuras de poder, ni los mecanismos de protección social, ni la responsabilidad gubernamental ocupan el lugar que merecen en el imaginario colectivo ni en los patrones de convivencia.

Los cubanos, gobernantes y gobernados nos hemos acostumbrado a aceptar y convivir con la impune arbitrariedad de las autoridades a cualquier nivel y la incapacidad cívica de una sociedad que carece de mecanismos y estructuras independientes de monitoreo y protección del ejercicio de los derechos.

Ese vacío estructural junto a tantas décadas de intolerancia extremista ha sido el complemento perfecto a nuestras tradiciones culturales como formación marcada por patrones de elitismo excluyente hacia las minorías, los diferentes o los menos favorecidos y vulnerables.

Aunque en Cuba los afrodescendientes, los homosexuales, los religiosos, los habitantes de las regiones orientales del país e incluso los que disienten políticamente del gobierno no constituimos segmentos tan minoritarios de la población, todos hemos sido victimas de la normalización de la perspectiva discriminatoria y excluyente que caracteriza a la sociedad cubana actual.

Todo se agrava por el hecho de que los malestares y rechazos que provocan en la sociedad esas manifestaciones discriminatorias y excluyentes no encuentran canales de proyección o ventilación pública e institucional.

En los últimos años por interés del poder se ha promovido el otorgamiento de mayores cotas de libertad, espacios y reconocimiento a las manifestaciones religiosas y de diversidad sexual, pero siempre desde una perspectiva de control y manipulación paternalista, las intensiones de verdadera proyección independiente siempre serán vistas con recelo por las autoridades, dispuestas a activar sus bien engrasados resortes represivos.

Los que no vemos aflojar las tensas cuerdas de la discriminación somos los afrodescendientes, los opositores políticos y los orientales.

A las históricas desventajas socioeconómicas que arrastramos, los negros cubanos enfrentamos los efectos concretos de la permanencia de los patrones de hegemonismo excluyente que han prevalecido en la sociedad cubana a pesar del cambio de ropaje ideológico de la elite tradicionalmente dominadora.

El patrón metodológico que asume a los negros como presuntos delincuentes y genera la persistencia de la tan criticada arbitrariedad policial callejera y la extendida aplicación del llamado índice de peligrosidad pre delictiva, aberración jurídica que ha llevado a miles de jóvenes afrodescendientes a las superpobladas prisiones de la Isla.

La impunidad con que personas con determinado poder excluyen o discriminan  a los afrodescendientes de espacios laborales e institucionales ante la bochornosa inoperancia de los mecanismos que debían enfrentar tales practicas. La permanente omisión o caricaturización denigratoria de que son victimas los afrodescendientes en las propuestas dramatúrgicas de  los espacios mediáticos, todos estatales por demás y que se mantienen incólumes ante la critica y los cuestionamientos que esa atrofia ha generado durante años en los medios intelectuales del país.

El hecho inconcebible del establecimiento a instancias del Estado cubano de dos catedrales ortodoxas construidas a un alto costo en una zona de la capital de alto índice de pobreza y mayoritaria población afrodescendiente, mientras se mantiene la prohibición de consagrar templos al culto de las religiones de origen africano.

Estas y otras manifestaciones imponen la necesidad de una respuesta que desde la sociedad promueva nuevas referencias que coloquen a nuestro país a tono con las tendencias universales de respeto y protección de los derechos de los individuos y las colectividades.

El  Observatorio Ciudadano contra la Discriminación (OCD) es la alternativa cívica de lucha contra toda forma de  discriminación, destinada a contribuir al reordenamiento de la convivencia en base del respeto a la dignidad, los derechos y la integridad de los seres humanos sin distinción ni manipulaciones.

EL OCD hará hincapié en la muy necesaria labor educativa y de empoderamiento ciudadano destinado a dotar a los cubanos de las referencias y las herramientas conceptuales y jurídicas necesarias para hacer valer sus derechos y dignidades.

A partir de aprovechar las experiencias e instrumentos universales de promoción y protección de los derechos y libertades y estimulando la más amplia participación ciudadana el OCD se propone hacer una contribución capital a la necesaria transformación esencial que en el ámbito de las referencias culturales e institucionales requiere la construcción de la Cuba de justicia, igualdad y equilibrio que por tanto tiempo hemos soñado.

 

Eleanor Calvo Martínez

Directora del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación

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