El gobierno cubano le ha declarado la guerra el movimiento antirracista independiente de Cuba. Justamente en el momento en el que las Naciones Unidas han proclamado el 2011 como año Internacional de los Afrodescendientes. La amenaza ha sido clara. Las autoridades han afirmado e informado a través de diversos formatos que no permitirán ninguna de las acciones que el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) ha previsto en su Agenda 2011.
La intolerancia es manifiesta. Mientras el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) recomendaba al gobierno cubano una política de respeto y trabajo con las organizaciones independientes del país, las autoridades han decidido enviarnos su mensaje por medio de la represión desembozada de la policía política. Una muestra clara de racismo contra quienes solo creemos en la auto emancipación -no en la emancipación ofrecida por otros- como modo de entender, conseguir y defender la propia identidad.
El CIR tiene, no obstante, una determinación. Esta es seguir adelante con su propuesta ciudadana, cualquiera sean las consecuencias de nuestra posición.
En tal sentido damos a conocer la continuidad de nuestra Agenda 2011 con la realización de los Talleres del CIR, fundamentalmente en la sede habitual de nuestra organización. Estos talleres de debate, organizados en conjunto con el Partido Liberal Nacional Cubano y otras propuestas dentro de Cuba, debatirán una diversidad de temas ligados a la integración racial y al urgente proceso de empoderamiento ciudadano.
Los Talleres del CIR se realizarán los miércoles, cada quince días, y a ellos están invitados todos los ciudadanos cubanos que quieran exponer sus ideas e intercambiar sobre un tema fundamental para el necesario proceso de completamiento de la nación cubana.
A nuestros amigos pedimos apoyo y solidaridad frente a las amenazas cumplidas de impedir nuestro trabajo cívico y ciudadano. El CIR defenderá el derecho y la libertad de reunión, en tanto constituye uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Y en medio del ambiente de violencia con la que el Estado está respondiendo a la expresión pacífica de los derechos por parte de la sociedad civil, responsabilizamos a las autoridades por cualquier desenlace indeseado de la represión.
